- Sólo en el primer semestre de 2011, esta actividad fraudulenta ha precipitado el cierre de más de 460 empresas
- Bajo el lema “Yo voy de legal ¿Y tú?”, la Asociación Andaluza de Instaladores de Telecomunicaciones (FAITEL) inicia una campaña para frenar esta ocupación ilegal
- Se adhieren a esta iniciativa la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), FACUA-Consumidores en Acción y los servicios de prevención ajenos en materia de riesgos laborales.
- Contratar a un instalador ilegal acarrea multas de hasta 600.000 euros y 3 años de cárcel en caso de accidente
- Los instaladores de telecomunicaciones piden a la administración andaluza más controles, crear nuevos mecanismos de información a los ciudadanos y una reunión para estudiar cómo frenar de forma conjunta dicha actividad prohibida
- Según Gestha, Andalucía movió en 2009 un 24,9 por ciento de economía sumergida, que representa 35.000 millones de euros
El sector de los instaladores de telecomunicaciones tenía a finales de 2010 inscritas en el Registro Oficial del Ministerio de Industria un total de 1.750 empresas establecidas en el territorio andaluz.
Transcurrido el primer semestre de 2011, 460 de estas entidades han tenido que cerrar sus puertas, tanto aquéllas que reparan en domicilios particulares y comunidades de vecinos –400 entidades- como otras que sólo trabajan con empresas –60-, según datos de la organización empresarial que aglutina al sector en Andalucía, la Asociación Andaluza de Instaladores de Telecomunicaciones (FAITEL).
Pérdida de casi 20.000 empleos
El cierre de estas empresas ha provocado más paro. El sector arroja en Andalucía cifras negativas que suman unas pérdidas netas de empleo desde 2009 cercanas a los 20.000 empleos. “Para que todos nos hagamos una idea –explica José Manuel Muñiz, director de FAITEL-, esta pérdida significa en términos reales lo mismo que si hubiésemos destruido completamente la industria aeronáutica andaluza y parte de sus empresas auxiliares”.
Señala a los instaladores ilegales como los grandes responsables de esta “catástrofe empresarial que dibuja un futuro aún más incierto si no logramos frenarla”.
Campaña contra instaladores ilegales
Estas cifras han desatado la puesta en marcha de una campaña contra los instaladores ilegales de telecomunicaciones, los llamados “antenistas” que, bajo el lema, “Yo voy de legal ¿Y tú?”, arranca hoy 03 de octubre y se prolonga hasta el próximo sábado 29 del mismo mes.
Comprende distintas notificaciones a los medios de comunicación de las pérdidas en materia económica, empresarial y de empleo que está provocando la economía sumergida en el sector así como inserciones publicitarias en distintos medios de internet, advirtiendo de la necesidad de frenar la actividad ilegal, explicando cómo identificar una empresa fraudulenta y los perjuicios que acarrea contratar servicios no autorizados.
Apoyo de CEA, FACUA y el sector de mutuas de accidentes de trabajo
La campaña, promovida por FAITEL, tiene el apoyo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), FACUA-Consumidores en Acción y Asepeyo, en representación de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
Antonio Moya, adjunto a la secretaría general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), cree que la pérdida de casi 20.000 puestos de trabajo en el sector “es suficiente como para que produzca preocupación. Todo el esfuerzo que las empresas hacen se ve deteriorado por esta competencia desleal que supone el trabajo sumergido. La administración suele dar pocos datos. Pero distintos expertos hablan de entre un 10 y hasta un 20 por ciento en Andalucía”.
Moya cree que los servicios de inspección son “a veces escasos” para detectar el fraude de los instaladores ilegales. “Lo que sí nos gustaría es que por parte de la administración se investigue más aquel trabajo clandestino y no tanto a las empresas que normalmente llevan a cabo su actividad con transparencia. Necesitamos que todos los segmentos de la sociedad administración, consumidores y empresas luchemos contra este trabajo irregular y sumergido que a todos nos perjudica”.
Por su parte, el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, explica que quien contrata un instalador ilegal pierde al instante la garantía del trabajo y la posibilidad de reclamar. “Si somos –dijo- conscientes de la existencia de un antenista ilegal, lo que tenemos que hacer no es no contratarlo sino además denunciarlo ante la patronal del sector y las asociaciones de consumidores para que sea investigado por la administración competente”.
Hasta 600.000 euros y tres años de cárcel
En el sector de los servicios ajenos de prevención en riesgos laborales, Juan Moreno Ramírez, director Territorial de Servicios de Prevención laboral Asepeyo, explica que “cuando una comunidad de propietarios o un particular contrata a un antenista ilegal, se convierte en promotor de una obra, pequeña o grande, pero una obra”.
En caso de accidente del trabajador ilegal con resultado de muerte la multa puede alcanzar los 600.000 euros. Además tiene responsabilidad de tipo penal, que puede alcanza los tres años de cárcel, “porque te pueden acusar de homicidio involuntario en caso de que el trabajador fallezca”.
A todo ello hay que sumar la responsabilidad civil (que se caiga una antena y dañe al trabajador o a alguien que pase en ese momento por la calle). Esta la determina el juez, “pero también suele ser muy alta”; Particulares y comunidades de propietarios también incurren en responsabilidad laboral, que obliga al pago de entre el 30 y el 50 por ciento del coste de la curación del daño que se haya producido en ese trabajo. Para Juan Moreno, “muy poca gente está preparada como para saber en el lío que se puede meter. No son conscientes de las grandes responsabilidades que se asumen”.
Seguro de 300.000 euros
El Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas
de telecomunicación establece que los requisitos que se exigen para la prestación de este tipo son cualificación técnica adecuada; disponibilidad de los medios técnicos apropiados; tener contratado un seguro de responsabilidad civil subsidiaria con cobertura mínima de 300.000 euros por siniestro, que cubra los posibles daños que pudieran causar a las redes públicas de telecomunicaciones o al dominio público radioeléctrico por defectos de instalación o mantenimiento de los equipos; estar al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social; haber realizado el pago de la tasa por inscripción en el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación.
El director de FAITEL aclara que la totalidad de los llamados “antenistas” no cumplen ninguno de los requisitos exigidos por la ley. “Ni tienen cualificación ni estudios para abordar las averías, sobre todo porque no tienen los medios para repararla; Y, además si ocurre algo, las empresas autorizadas tienen un seguro de responsabilidad civil subsidiaria de 300.000 euros para cubrir daños a los propietarios y a terceros”.
El listado de empresas autorizadas para la instalación de equipos y sistemas de comunicaciones pueden consultarse en el Registro habilitado a tal efecto por el Ministerio de Industria.
Petición a la administración
FAITEL pide a la administración una reunión urgente a fin de coordinar esfuerzos para frenar la economía sumergida en el sector. A juicio de José Manuel Muñiz “aquellos que tienen la facultad y el deber tendrían que extremar los controles sobre estos ilegales que tanto daño están haciendo a las Pymes”.
Según Gestha, sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, el Producto Interior Bruto (PIB) sumergido en Andalucía en 2009 rozó el 25 por ciento. Es la séptima comunidad autónoma en el ranking establecido ese año por la entidad, arrojando la cifra más baja Baleares y Extremadura (19,2%) y el porcentaje más alto La Rioja (31,4%).
De todos estos números se desprenden además en Andalucía un fraude laboral que superó los 11.500 millones de euros.
¿Cómo asegurarnos de que un instalador es legal?
Para asegurarnos de que un instalador de telecomunicaciones es legal, debemos solicitarle el número de registro en el Ministerio de Industria y Comercio, cifra numérica que lo convierte en empresa autorizada. Las empresas registradas pueden encontrarse en la web del ministerio, en la siguiente dirección de internet:
Cuando haya terminado el trabajo debemos asegurarnos de que nos entrega en todos los casos y sin excepción el Boletín de Instalación, que es el único documento oficial que certifica que el trabajo ha sido ejecutado por una empresa instaladora de telecomunicaciones registrada.
Si aún así cualquier usuario sigue teniendo dudas, la Asociación de Empresas Instaladores de Telecomunicaciones (FAITEL) atiende las peticiones de información a través del correo faitel@faitel.com o en el número de teléfono 902 108 220 en horario de oficina.
